Son sanciones aplicadas por el Tribunal de Cuentas a aquellos funcionarios municipales que cometieron faltas administrativas durante su gestión. Es por faltantes de documentación o de cumplimiento de procedimientos estipulados en la ley general de contabilidad. Sobre Lomas de Zamora pesan cargos y sanciones por más de 3 millones de pesos por faltas administrativas cometidas durante 2002 y 2003, años en los que se sucedieron en el cargo seis intendentes municipales, en medio de una crisis económica e institucional sin precedentes. Los intendentes sancionados son: Edgardo Di Dío, Héctor Mensi, Ciro Anicchiarico, Carlos Lafuente, Mirta Quiroga y Jorge Rossi. Además, están vigentes multas aplicadas a muchos de sus secretarios de hacienda y contadores municipales. Estas sanciones estuvieron a punto de ser perdonadas por la Legislatura. La decisión del gobernador, de vetar tres artículos de la ley de presupuesto lo evitó.

La decisión del gobernador bonaerense, Felipe Solá, de vetar tres artículos de la ley de presupuesto, que perdonaba las sanciones aplicadas por el Tribunal de Cuentas a aquellos funcionarios municipales que cometieron faltas administrativas durante su gestión, volvió a poner a Lomas de Zamora en el centro de las miradas, ya que sobre este municipio pesan cargos y sanciones por más de 3 millones de pesos por faltas administrativas cometidas durante 2002 y 2003, años en los que se sucedieron en el cargo seis intendentes municipales, en medio de una crisis económica e institucional sin precedentes. .
De esos ejercicios quedan pendientes cargos contra los intendentes Edgardo Di Dío ($ 1.363.762), Héctor Mensi, ($ 755.632), Ciro Anicchiarico, ($ 497.973), Carlos Lafuente ($ 397.077), Mirta Quiroga, ($ 2.500), y Jorge Rossi ($ 63.346), según precisó el propio municipio a raíz de la repercusión que tomó el veto de Solá. Además, están vigentes multas aplicadas a esos funcionarios y a muchos de sus secretarios de hacienda y contadores municipales, aunque todos esos reclamos se encuentran en proceso de revisión como consecuencia de los descargos administrativos, y en algunos casos judiciales, que efectuaron los involucrados. Justamente todos esos reclamos efectuados por el organismo de control son los que iban a quedar sin efecto si prosperaban los artículos incluidos en el presupuesto provincial 2007 y vetados por Solá, que originalmente fueron incorporados como un recurso para contemplar las gravísimas dificultades financieras y económicas que atravesaron las comunas durante la crisis de principios de siglo.
El Tribunal de Cuentas es un organismo creado por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y tiene como función revisar la ejecución presupuestaria del gobierno provincial, de los organismos descentralizados y de los 134 municipios bonaerenses. Su tarea está orientada a monitorear el cumplimiento de los procedimientos administrativos y contables por parte de los funcionarios responsables de disponer contrataciones de servicios, compras de bienes y pagos. .
Anualmente el organismo emite un fallo sobre cada una de las ejecuciones presupuestarias de los municipios y organismos descentralizados en las que aprueba o desaprueba las cuentas y formula un pormenorizado detalle de los incumplimientos administrativos que observa. .
En realidad, no se trata necesariamente de hechos de corrupción o de desvío de fondos, sino en muchas ocasiones simplemente pone en evidencia faltantes de documentación o de cumplimiento de procedimientos estipulados en la ley general de contabilidad, aunque si el Tribunal presume que se pudo haber incurrido en un delito, tiene la obligación de denunciarlo ante la justicia ordinaria.
Según la norma, los funcionarios provinciales y municipales con capacidad de decisión sobre los recursos públicos son responsables con su propio patrimonio por los dineros que no hayan sido extraídos de las arcas municipales o provinciales con la debida justificación, aunque en realidad pocas veces deben apelar a sus cuentas personales para subsanar los errores administrativos que se detectan.
En rigor, agotada la vía administrativa, los sancionados suelen recurrir a la Justicia para que deje sin efecto los cargos, con lo que suele abrirse una larga disputa jurídica que pocas veces llega a una conclusión definitiva. .
En el caso de Lomas, la crisis política y económica desatada durante el gobierno de la Alianza, y luego su sucesión, fueron el disparador para que éste se convirtiera en uno de los municipios con mayor déficit y más alto endeudamiento.

Volver